Este 10 de junio se cumple un año del fallo que
dejó firme la condena de seis años a Cristina Kirchner por corrupción por la
causa Vialidad y la justicia aún no puedo decomisar sus bienes por un total de.
685.000 millones de pesos.
A través de una serie de recursos, la defensa
de la expresidenta frenó la ejecución de sus propiedades y la Corte Suprema
deberá resolver si avanza con el remate que determinó el Tribunal Oral Federal
2 que la condenó, y confirmó la Cámara Federal de Casación Penal que había
rechazado un recurso extraordinario presentado por Cristina Kirchner.
Los magistrados Gustavo Hornos y Diego
Barroetaveña rechazaron por mayoría los recursos presentados por las defensas
de Cristina Kirchner, Lázaro Báez y por el apoderado de Máximo Kirchner y
Florencia Kirchner.
Queda la última apelación por 111 bienes que fueron
identificados por el fiscal Diego Luciani y su colega Sergio Mola para ser
tasados y rematados y así lograr cubrir la mencionada suma de dinero, aunque
sea de manera proporcional. Mientras, existe otro grupo de bienes, ya
identificados por la fiscalía, que están siendo tramitados en el tribunal oral.
El rechazo del recurso extraordinario por parte
de los jueces de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación confirma
definitivamente la ejecución de los bienes de Cristina Kirchner y sus hijos
Máximo y Florencia, quienes son los únicos que tienen bienes cuantiosos, ya que
los activos de Lázaro Báez fueron rematados durante la quiebra de Austral
Construcciones y en la condena por lavado de dinero en la cusa de la Ruta del
Dinero K.
La defensa de Cristina Kirchner argumenta que
muchos de ellos fueron adquiridos antes de los hechos que motivaron la condena.
Los magistrados
Los tres integrantes de la Sala coincidieron en
declarar el recurso extraordinario presentado por la la exmandataria como
inadmisible. Hornos sostuvo que los recursos no demostraban la existencia de
una cuestión federal suficiente que habilitara la intervención de la Corte.
El juez reiteró el fundamento general del
decomiso en casos de corrupción, al señalar que “el delito no constituye un título
legítimo para generar riqueza jurídicamente reconocida” y que el instituto
busca impedir que el ilícito produzca beneficios económicos permanentes.
Condena, apelaciones, rechazos y sin decomiso,
los 365 días de Cristina Kirchner con domiciliaria
Cristina Kirchner fue condenada el 10 de junio
de 2025 por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, por el
direccionamiento de la obra pública vial en favor de Lázaro Báez. La sentencia
señala que el esquema incluyó 51 licitaciones amañadas y sobreprecios promedio
del 66%.
La codena será hasta el 3 de junio de 2031,
aunque podría pedir la libertad condicional a partir de junio de 2029, cuando
se cumplan dos tercios de la condena. También cuenta con la inhabilitación
perpetua para ejercer cargos públicos.
Aún resta el decomiso de sus bienes. Le
Justicia todavía no recuperó los casi 685.000 millones de pesos fijados como
daño al Estado. El TOF2 avanzó sobre bienes incorporados entre 2003 y 2015,
pero las defensas apelaron y la definición final quedó en manos de la Corte.
En 2022 cuando el TOF 2 condenó a Cristina
Kirchener, Lázaro Báez, José López, Nelson Periotti, entre otros, la sentencia
había fijado el daño al Estado en $ 86.085.463.548,25 pero ese valor fue
actualizado por el cuerpo de peritos contables de la Corte a 684.990.350.139,86
pesos. Dicho decomiso deben responder de forma solidaria entre los nueve
condenados.
Pero, pasaron 365 días y aún no hay ni una
moneda de esos millones decomisada. El 18 de noviembre, el TOF 2 ordenó
decomisar los 111 bienes, muebles e inmuebles, la defensa de la exmandataria
presentaron apelaciones y lograron frenarlo.
Durante la primera mitad del año, la Sala IV de
la Cámara Federal de Casación Penal —integrada por Gustavo Hornos, Mariano
Borinsky y Diego Barroetaveña— tomó dos decisiones clave al ratificar que todos
los bienes adquiridos entre 2003 y 2015 pueden ser decomisados, alcanzando
incluso las propiedades y empresas que Cristina Kirchner cedió gratuitamente a
sus hijos Máximo y Florencia en 2016.
Con el rechazo de los planteos de la defensa,
el tribunal ordenó iniciar de inmediato la ejecución patrimonial para recuperar
los 685.000 millones de pesos fijados como fraude.
Aunque la expresidenta recurrirá en queja ante
la Corte Suprema de Justicia, en Comodoro Py sostienen que esta presentación
carece de efecto suspensivo, ya que el decomiso es una consecuencia directa de
la condena principal, la cual quedó firme y con carácter de sentencia
definitiva hace un año por el propio máximo tribunal.
De este modo, el inicio del proceso queda
subordinado a la Corte Suprema, que debe decidir si avanza de forma inmediata o
si aguarda a resolver la queja de la exmandataria.
Asimismo, la Corte se convertirá en la titular
de los activos recuperados en virtud de una acordada y un protocolo firmados
días después de ratificar el fallo de la causa Vialidad, asumiendo la facultad
de definir el destino final de las propiedades a través de remates digitales,
la cesión a organismos estatales o su utilización para el sistema judicial.
Este único eslabón pendiente de la justicia se
complementa con el rol del Juez Rodrigo Giménez Uriburu, encargado de ejecutar
la sentencia desde el Tribunal Oral Federal 2, quien ya consultó al máximo
tribunal y al Consejo de la Magistratura si existe un interés institucional
específico sobre alguno de los 111 inmuebles identificados por los fiscales
Diego Luciani y Sergio Mola.
El fallo emitido hace un año por la Corte representa
un fuerte "respaldo institucional" para los 16 jueces y fiscales que
intervinieron en las distintas instancias a lo largo de más de una década de
tramitación.
Fuentes judiciales destacan la relevancia de la
resolución, dado que el máximo tribunal corroboró que la maniobra consistió en
una estructura organizada para monopolizar la obra pública a favor de
empresarios del Estado durante doce años de gestión.
La causa avanzó de manera ininterrumpida y
llegó a su máxima confirmación a pesar de las fuertes presiones denunciadas por
el Poder Judicial, que incluyeron el hackeo de celulares a magistrados, el robo
de sus declaraciones juradas reservadas, espionaje, denuncias del kirchnerismo
y la sustanciación de un juicio político contra la propia Corte Suprema
mientras el proceso se encontraba en desarrollo.
Con este desenlace, Cristina Kirchner se
transformó en la primera expresidenta de la Nación en cumplir una sentencia
condenatoria firme dictada por la Corte Suprema, diferenciándose del caso de
Carlos Menem, cuya condena nunca llegó a quedar confirmada definitivamente.
Los funcionarios judiciales enfatizan además el
enorme impacto político y la inédita visibilidad mediática de Vialidad, un
juicio que fue transmitido de principio a fin de cara a la sociedad.
Finalmente, el caso adquirió un carácter
emblemático porque sirvió para que la exmandataria estructurara su marco
teórico basado en la tesis del lawfare (persecución judicial), un concepto que
fue analizado y desestimado de forma expresa tanto por los jueces de la Cámara
de Casación como por los ministros de la Corte Suprema al ponerle punto final
al expediente. (Fuente: Perfil)
